Amazonía: ser vivo con derechos ambientales

Conmemorar el mes del ambiente hablando sobre los derechos de la Amazonía, es un hecho de trascendencia para la Región Guayana. Significa razonar sobre nuestra pertenencia a una de las siete maravillas naturales del mundo, cuya porción geográfica está conformada por extensas regiones de Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa y Ecuador.

La Amazonía tiene 20% del carbono del mundo entero, la mayor reserva de agua dulce, el bosque tropical más extenso del globo, alberga 34 millones de personas, más de 300 grupos indígenas y la mayor biodiversidad de flora y fauna del planeta. Los estados Bolívar y Amazonas de Venezuela pertenecen a esta extensa zona, con sus parques nacionales, áreas bajo régimen especial, reservas forestales del Caura e Imataca, ríos, riquezas minerales y energéticas, entre otras potencialidades. 

Con la visión integral de esta región, la Universidad Católica Andrés Bello sede Guayana, a través de la Dirección de Extensión Social Universitaria en alianza con la Coordinación de Sustentabilidad Ambiental y el Centro de Estudios Regionales, desarrolló el conversatorio "Derechos ambientales en la Amazonía venezolana", con la participación de los geógrafos Jesús Delgado y Florencia Cordero y la socióloga Betty Núñez, sumando voluntades por la defensa de los territorios naturales del sur de Venezuela.

En sus palabras de bienvenida, el vicerrector Padre Arturo Peraza SJ hizo énfasis en la violación de los derechos ambientales que sufre la Amazonía, como consecuencia de la minería o el denominado "oro de sangre", que ha derivado en problemas mayores como: fronteras desasistidas, delincuencia organizada, conflictos sociales, destrucción de ecosistemas, enfermedades endémicas, entre otros problemas que han distorsionado el entorno en todas sus dimensiones, alejando a la Región Guayana del concepto de sustentabilidad.

"En el contexto venezolano, tenemos un modelo extractivista de carácter depredador. Es la obtención de la riqueza inmediata, sin considerar los daños sociales, ecológicos, la pérdida de institucionalidad, entre otros padecimientos; mientras que las relaciones son de violencia, esclavitud y sometimiento. Estamos frente a un modelo que depreda a la población, al Estado, a todos", expresó el jesuita Peraza, al tiempo que instó a la unión de los pueblos amazónicos para el cuidado del medio ambiente y reforzar la relación política entre las naciones que comparten la Amazonia.

Degradación ambiental de un territorio rico

El geógrafo Jesús Delgado, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), inició el ciclo de ponencias con su “Relato geohistórico de la degradación ambiental de un territorio rico”, desde 1942 hasta la actualidad; siendo Brasil el país con mayores índices de deforestación, seguidos por Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y Venezuela. 

El profesor destacó que los intereses son muy altos y este es un problema que implica acabar la selva y la vegetación para la extracción minera del oro. Brasil tiene mucho oro y al igual que en Venezuela este metal está bajo el suelo, disperso, muy cerca de los cursos de agua, y por eso la extracción de oro en Brasil tiene consecuencias muy fuertes para el ambiente, un alto porcentaje de deforestación que ha acabado una cantidad de territorios en el norte del país y tiene continuidad con el territorio venezolano (mesetas del Roraina), igualmente impactado por la minería.

“Con las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional venezolanas minimizadas en su apresto operativo e involucradas en la industria de la minería, es muy difícil que nosotros en este momento podamos intervenir en la situación de la minería como país. Utilicemos los Cascos Azules de las Naciones Unidas, junto las universidades como la UCV, la Simón Bolívar, la UCAB, la UNEG, otras de Brasil y el mundo, para hacer un monitoreo satelital permanente”, resaltó.

Esto significa para Delgado que, cuando varias organizaciones están vigilando lo que está pasando en el Amazonía, hay a quien reclamar; porque sería una vigilancia compartida entre varios países, como medida factible a corto plazo. Lo difícil sería la lucha contra los grupos guerrilleros, narcotráfico y grupos terroristas apostados en la zona. Otras medidas serían revertir el Decreto del Arco Minero, mejorar los reglamentos de protección del Parque Nacional Canaima, por ser un área bajo régimen especial y patrimonio mundial de la humanidad y recuperar los bosques.

Los siguientes pasos para superar el extractivismo

En el mismo orden de ideas, la geógrafa Florencia Cordero compartió lineamientos guías para superar el modelo extractivista que se apoderó del sur de Venezuela, en tierras de la Amazonía, debido a la práctica de la minería ilegal, que ha pasado del extractivismo al neoextractivismo irracional.

En este sentido, Cordero definió el extractivismo como la explotación masiva de recursos naturales que, sin ser procesados ni darle un valor agregado, se los llevan a otros continentes. En su mayoría, estos bienes se van a los mercados globales y los beneficios no son revertidos a la sociedad que los provee, dejando un legado de pobreza y baja calidad de vida. Las prácticas más conocidas son la explotación petrolera, minera y agrícola extensiva y la pecuaria.

El neoextractivismo, en cambio, está marcado por la multiplicidad, volatilidad, inestabilidad, fragmentación, precariedad y política del saqueo; además de un mosaico de conflictividades y violencia, franca descomposición y vandalización, multiplicidad de actores que operan desde la ilegalidad, la corrupción, la criminalidad y la para-política; así como un régimen de apropiación/extracción, gobernabilidad y territorialización basado en un estado de excepción (jurídico y de facto), desterritorializaciones, despojo generalizado, precariedad y violación de los derechos humanos, convertido en un extractivismo predatorio, detalló la coordinadora de Sustentabilidad Ambiental de la UCAB Guayana.

Cordero planteó respuestas a la interrogante ¿Qué hacer para superar el neoextractivismo?: Establecer alianzas estratégicas, con base en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para superar la matriz extractivista y la “maldición de las materias primas”; generar activismo – lucha con educación, información, sensibilización, formación en valores para el desarrollo sostenible, en la cual la Universidad juega un rol fundamental; crear un nuevo modelo con las premisas de innovación, diversificación, transferencia, hacia una economía verde; y rescatar la democracia, institucionalidad y respeto de los derechos humanos de Venezuela, para el buen vivir.

Pensar en el agua como un derecho para la vida

Por su parte, la socióloga Betty Núñez disertó sobre el “Derecho al agua desde una perspectiva sociológica”, considerando que la crisis ecológica producida por la acción humana genera una aceleración del deshielo, un aumento del nivel del mar, una reducción de la biodiversidad, afectación de los ciclos del agua y la pérdida de fertilidad de los suelos. 

“Quienes se desplazan por la escasez de agua, lo hacen por las dificultades que se encuentran para acceder a la alimentación. Esto tiene un efecto o impacto sobre la salud alimentaria de los habitantes de estos territorios más afectados y, por tanto, sobre la salud de la población; profundizando también los conflictos geoestratégicos en las comunidades”, explicó Núñez. 

La Unesco (2005) define la cultura del agua como el conjunto de modos, estrategias y medios utilizados para la satisfacción de necesidades fundamentales relacionadas con el líquido vital; incluyendo lo que se hace con el agua, en el agua y por el agua potable y salubre, la manera en que nos relacionamos con el agua de manera individual y colectiva. Las prácticas culturales de los individuos y las comunidades a lo largo de la cuenca hidrográfica determinan cómo esta se percibe, se valora y se gestiona en el territorio.

“Los derechos fundamentales necesitan que el individuo se implique en la exigencia, pero también en el cuidado. Hay que pensar en el agua como un derecho para la vida. Esto debe generar espacios para la reflexión, sensibilización, promoción y transformación del entorno, a través de la educación, prácticas sostenibles, aportes innovadores y científicos, que permitan desde las comunidades y empresas, encontrar soluciones a los problemas relacionados con el agua”, aseveró.

La socióloga Betty Núñez concluyó que “debemos entender que la Amazonía no es solo responsabilidad de los gobiernos, este territorio es de todos, porque representa la mayor reserva de agua dulce con la que contamos. Su defensa, cuidado y protección es responsabilidad de la humanidad. De esta manera tendremos más ganancias para las presentes y futuras generaciones”.

Texto: Rosanny Rivas

Capturas de pantalla: Rosanny Rivas y Rosiris Urbaneja